El veto del 82% movil para los jubilados.

El peso del veto se mide en votos

Cristina Kirchner fue fulminante: la ley del 82% móvil no había terminado de salir del Congreso y ya estaba vetada. Hizo bien. Había que dar vuelta la página cuanto antes.

Por Carlos Pagni



La anulación del 82% móvil es la derrota política más importante que sufrió el Gobierno desde que el esposo de la Presidenta perdió las elecciones, el 28 de junio del año pasado. No sólo fue un contundente fracaso legislativo. No sólo obligó a ejercer por primera vez el veto. Para entender la dimensión del sacrificio hay que observar que la relación con los jubilados es crucial para la contextura política y electoral del kirchnerismo. Allí está el daño.

La señora de Kirchner, en 2007, y Kirchner, en 2009, obtuvieron entre los mayores de 60 años una adhesión superior al 70%. Esa predilección es consistente con las iniciativas que ellos dedicaron a ese público. Entre 2002 y 2010 se anunciaron 18 aumentos en las jubilaciones, 17 de los cuales corresponden al matrimonio. Venían de estar congeladas durante una década. Además, durante la campaña presidencial de 2007 se abrió una moratoria que incorporó a 2.360.000 personas al sistema. El número de jubilados aumentó en 73% y la cobertura a la población en edad de recibir esa prestación se extendió en un 30%. Para el economista radical Mario Brodersohn, fue "el programa más ambicioso en toda la gestión Kirchner". La ley de movilidad previsional de 2008, que dispuso incrementos automáticos cada seis meses, es otra reforma que explica los éxitos del oficialismo en este frente. Ese mismo año, Cristina Kirchner levantó una bandera que agita a diario: la estatización del sistema previsional.

La negativa a establecer el 82% móvil es, entonces, mucho más que una noticia desagradable. Es una decisión que pone en riesgo el vínculo del kirchnerismo con más de 5 millones de votantes. En el Gobierno son muy conscientes de este costo. Tal vez por eso evalúan otorgar una suma fija antes de fines de año. Hace un mes, cuando el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, visitó el bloque de diputados del Frente para la Victoria, quienes más lo apestillaron fueron talibanes como Carlos Kunkel o Patricia Fadel. La oposición también valuó el tesoro electoral en disputa y pide -ayer lo hizo por boca del socialista Rubén Giustiniani- una consulta popular sobre este "salariazo".

Esta semana se conocerán encuestas que permitirán controlar el daño que representa para los Kirchner el rechazo a la reforma previsional. El veto pretende liquidar rápido el debate del 82% móvil e impedir que se prolongue la discusión más general que abrió en torno al presupuesto. El oficialismo apela a la responsabilidad fiscal, un argumento incómodo para un "proyecto nacional y popular".

Mientras tanto, la oposición discute los números previsionales a la luz de toda la política social. Según el diputado Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica) se puede financiar el 82% móvil con sólo suprimir los subsidios eléctricos, los fondos para enjugar el déficit de Aerolíneas Argentinas y la partidas del programa Fútbol para Todos. También sugirió que la Anses podría destinar su superávit a mejorar las jubilaciones y "no a financiar la asignación, mal llamada universal, por hijo, que debería solventarse con un impuesto a la renta financiera". Julio Cobos se ubicó también en esta sintonía y, cuando debió justificar su "voto no negativo", citó, insidioso, a un peronista, ingeniero como él: "El senador Verna (PJ-La Pampa) dijo que no debería haber problemas para financiar el aumento, porque el Congreso está tratando en estos días el presupuesto".

El veto llegó antes de que aparezca el flanco menos presentable del problema: la utilización facciosa de los fondos previsionales. Kirchner utiliza la caja de la Anses de manera discrecional para emprendimientos de dudosa rentabilidad. Si quedaban dudas, alguien que no lo cuida bien le recomendó hacer participar a Bossio de la campaña electoral. En consecuencia, al vetar el 82% móvil, el matrimonio puso a salvo la principal herramienta financiera en su lucha por continuar en el poder. Una ventaja grandísima si se recuerda que la reforma política prohíbe a los candidatos destinar fondos privados a la publicidad proselitista.

Tal vez esta desviación esté en la raíz de un fenómeno que detectan algunos analistas de opinión como Julio Aurelio: desde un tiempo a esta parte la imagen de la gestión del kirchnerismo ha comenzado a perder atractivo entre los jubilados.

La clase política es muy consciente de las consecuencias electorales del veto. Hay datos reveladores al respecto. Por ejemplo: gran parte del capital político de Sergio Massa -que será, donde se ubique, un jugador relevante el año que viene-fue acumulado en su gestión al frente de la Anses; el intendente de Tigre apareció ante las cámaras de TV para anunciar 14 de aquellos 18 aumentos. Massa tuvo sus precursores: desde Francisco Manrique hasta Fernando de la Rúa, pasando por Carlos Ruckauf, los jubilados han constituido una generosa cantera de votos. El propio Juan Perón lo demostró al crear, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, las cajas para empleados de comercio y empleados de la industria, en 1944.

Cobos acaba de ser subido por la fortuna al último vagón de este tren. De nuevo, como durante el conflicto con el campo, está en condiciones de retener a un electorado que, tres años atrás, compartió con la Presidenta. Es la razón por la cual su mayor enemigo, que no es ningún Kirchner sino el radical mendocino Roberto Iglesias, llamó el viernes a un íntimo del vicepresidente para anunciar: "No peleo más. Y eso que me dicen «la mula»? Pero contra un tipo con semejante suerte es imposible". Los radicales, aun los que simpatizan con Ricardo Alfonsín, encuentran ventajoso el protagonismo de Cobos. Apuestan a que las internas abiertas exhiban al partido, por su capacidad de movilización, como la alternativa más consistente al kirchnerismo. Para que ese prodigio se produzca es imprescindible que cuenten con, por lo menos, dos candidatos sólidos.

En el oficialismo quien mejor calibró el costo del veto fue Hugo Moyano. Lógico: para él la demagogia no tiene secretos. El viernes sólo interrumpió sus alabanzas a los Kirchner para reclamarles que hagan "un esfuerzo por los jubilados". La Presidenta oyó el pedido como una deslealtad, a pesar del verticalismo de Moyano y de los 70.000 asistentes. Después de todo, también el camionero tiene intenciones proselitistas. Tal vez por eso lo chicaneó: "Usted, Moyano, que quiere ser presidente?".

Pero no es Moyano sino Daniel Scioli el dirigente más afectado por el veto. Scioli debió suspender mucho antes de lo previsto su estudiada ambivalencia para respaldar esa antipática medida. Fue tan contundente y, sobre todo, tan preciso que dio la impresión de estar cumpliendo un libreto dictado desde Olivos. No se conformó con apoyar a la Presidenta, sino que, raro en él, habló mal de Cobos, a quien aludió como "la persona que ocupa la vicepresidencia" -el verbo "ocupar" no podía ser, en ese instante, más oficialista-. Cristina Kirchner lo abrazó después con una efusividad sospechosa.

En esa anécdota está cifrado el principal dilema de la aventura de Scioli. En secreto, él les jura secreta fidelidad a los Kirchner, mientras les explica que, si recorta un poco su perfil, es para serles más útil. En secreto, envía mensajes al empresariado, al periodismo y al PJ disidente, prometiendo que, en poco tiempo más, romperá con la pareja. La revocatoria al aumento de las jubilaciones demostró que esa estrategia tiene patas cortas. Hasta puede volvérsele dañina. Es comprensible. El desafío de Scioli es muy ambicioso. Se ha propuesto rescatar de la derrota a un movimiento político identificado al extremo con un apellido -Kirchner- que ya no puede ir a las urnas. Eduardo Angeloz y Eduardo Duhalde, uno con Alfonsín, el otro con Menem, ensayaron esa pirueta antes que él y fracasaron. El riesgo está en cruzar una línea muy delgada, casi imperceptible. La que separa al renovador del arrepentido.